IU alerta que la financiación público privada quintuplica la inversión en edificios judiciales

Antonio Maíllo: “La mal llamada colaboración público privada es un mecanismo de financiación, con un coste cinco veces mayor, donde siempre gana la banca”

El portavoz de IU en el parlamento andaluz y coordinador de la formación en Andalucía, Antonio Maíllo ha advertido hoy que las intenciones del consejero De Llera sobre la construcción de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, de hacerse por el mismo método de financiación que la Ciudad de la Justicia de Córdoba, “mal llamada colaboración público privada”, supondría un sobre coste de 596 millones de euros sobre una obra presupuestada en 154 millones de euros inicialmente.

En rueda de prensa en sede parlamentaria donde ha estado acompañado de la portavoz en la Comisión de Justicia e Interior, Inmaculada Nieto, Maíllo ha asegurado que el método de financiación público privada es “la trampa de la Unión Europea para alimentar una vez más al sistema financiero, con el señuelo de que es una hipoteca no computa para el déficit de la administración”. Maíllo ha instado al gobierno andaluz a “pronunciarse” sobre “si vamos a dedicarnos a endeudarnos hasta las cejas, y que nuestros hijos o nietos vean el pago de las deudas de las inversiones que se hacen en Andalucía”. Así ha advertido que aunque sea un asunto “denso y poco llamativo” es “un tema que deja una carga para futuros generaciones y una incapacidad para los gobiernos que vengan después”.

Así las cosas, Maíllo ha explicado que la colaboración público privada es una “incorrección lingüística” porque “no hay colaboración”. Lo que hay, para Maíllo es “un mecanismo de financiación con un coste cinco veces mayor donde siempre gana la banca”. Y en esa “mal llamada colaboración público privada, estamos renunciando a que se construyan las ciudades de la justicia de toda Andalucía o a que se satisfagan las necesidades judiciales para que este derecho básico sea de calidad”.

Maíllo ha anunciado que la semana que viene planteará su primera pregunta de control a la presidenta de la Junta de Andalucía sobre este asunto, desde el punto de vista general, “que explique cuales son los planes, no solo para Justicia, para todos los departamentos y actuaciones del gobierno andaluz”.

Por su parte, la portavoz de justicia del Grupo Parlamentario de IU, Inmaculada Nieto, ha detallado que el objetivo de IU es “recordar que hay que recuperar la sensatez y establecer las prioridades en la obra pública que, desde luego, son prioridades que no pueden pasar por pagar cinco veces lo que cuesta una obra” y ha anunciado que mañana será uno de los debates prioritarios para IU en la primera comparecencia del consejero en la Comisión de justicia.

“Efectivamente el problema de la colaboración público privada vuelve a la escena” porque según ha explicado Nieto, tras la reunión entre el consejero de Justicia y el Ayuntamiento de Sevilla “se vislumbra la posibilidad de reactivar la Ciudad de la Justicia de Sevilla” mediante esta fórmula de financiación. Nieto ha desarrollado que “el problema de la colaboración público privada no es otro que el de multiplicar por cinco lo que cuesta la obra, a cambio de que no compute como déficit” por lo que “no aparece como una inversión propiamente dicha desde capítulo 6, que es como se ha hecho siempre, por lo tanto no aparece como déficit”. Esto es, para Nieto “hacerse la trampa al solitario, pensar que no se debe el precio de una obra multiplicada por cinco”.

Ciudad de la Justicia de Córdoba y Málaga: ejemplos de los dos modelos

Inmaculada Nieto ha utilizado la Ciudad de la Justicia de Córdoba y Málaga como ejemplo para “ilustrar la estafa”. “En este momento, hay una obra, la de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, que con una previsión inicial de 50 millones de euros de coste, finalmente cuando se haya terminado el contrato” de colaboración público privada suscrito con las entidades que están haciendo el edificio, “el pueblo andaluz habrán pagado por esa obra 250 millones de euros, 200 millones de euros más de lo que costaría por el método tradicional”.

“Es decir, mas que probablemente, es todo el dinero que sería necesario para todas las infraestructuras en todas las provincias andaluzas, si la prioridad fuera hacer nuevos edificios. Si la prioridad la establecemos en reforzar el personal que tenemos trabajando en los juzgados, dotarlos de mejor medios materiales y agilizar los recursos para las macro causas, con estos 750 millones de euros pondríamos la justicia andaluza al nivel de calidad que debiera tener”, ha explicado Nieto.

Por el contrario, Nieto ha explicado que “hay un ejemplo de estructura judicial ya terminada que expone la crudeza y el peligro de la fórmula de financiación que no deja de ser una estafa encubierta y bendecida por los poderes económicos con leyes disparatadas”. La Ciudad de la Justicia de Málaga, “finalizada por método tradicional de pago de obra, por capítulo  sexto y financiación a través de entidad, costó 89 millones de euros, el precio cinco veces por debajo de lo que hubiera costado por colaboración público privada”. Esto, para Nieto, “nos lleva a pensar que es un auténtico disparate que la Junta vuelva a abrir esa fórmula máxime cuando sabe que la Cámara de Cuentas emitió un informe demoledor de la colaboración público privada que desmontaba uno a uno los argumentos de la administración para elegir esta fórmula de financiación”.

“Por tanto, es muy preocupante, aunque no compute como déficit, porque está por encima de las posibilidades de nuestra comunidad el permitirse el lujo de pagar cinco veces lo que cuesta una obra. No es aceptable”, ha remachado Nieto.