IU insta a sus grupos municipales a velar por el acatamiento de la Ley de Memoria que entra en vigor tras publicación en BOJA

Los ayuntamientos andaluces estarán obligados a eliminar en un máximo de 18 meses cualquier símbolo del fascismo

 El Boletín Oficial de las Junta de Andalucía publica hoy la Ley 2/2017, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. "A partir de mañana - explica Maíllo-  está plenamente vigente para su desarrollo y aplicación". A través de una carta remitida a los más de 400 grupos municipales de IU Andalucía, el coordinador general de IU Andalucía informa de la entrada en vigor de la Ley  e insta a los grupos municipales a exigir "responsabilidad de la administración y de la sociedad  para que despliegue todos sus efectos".

 Antonio Maíllo resalta el respaldo del movimiento memorialista, implicado activamente en todo el proceso de su elaboración y con el que siempre estaremos en deuda porque ha hecho valer los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Para Maíllo esta ley debe servir para incorporarse plenamente a los valores y a la cultura democrática, "fortaleciéndolos como base de nuestra convivencia y del respeto a los derechos humanos, al igual que se ha realizado en los países europeos de nuestro entorno”, escribe. Conformar el relato veraz de nuestra historia "es el mejor homenaje para honrar a quienes fueron sus protagonistas, y el mejor legado que podemos dejar a las generaciones venideras, alejándolas del totalitarismo y la equidistancia moral".

 En este sentido, Maíllo ha puntualizado que con su entrada en vigor, los ayuntamientos andaluces estarán obligados a eliminar en un máximo de 18 meses cualquier símbolo del fascismo, iglesias incluidas. La norma, explica, establece sanciones para quienes incumplan y la pérdida de ayudas públicas por un periodo máximo 5 años. En caso de no retirar los símbolos las multas oscilan entre los 2.001 a 10.000 euros y la Junta deberá actuar de oficio para su eliminación. Esta sanción también afectará a quienes no comuniquen el hallazgo de restos de represaliados. Las mayores sanciones se establecen para quienes construyan o remuevan sin autorización el terreno donde hubiera restos de desaparecidos.