IU pedirá al Congreso la desclasificación de testimonios y los informes oficiales del asesinato de Caparrós

Sempere invita al PSOE a secundar la petición “para que toda la ciudadanía, andaluza y estatal” pueda conocer los documentos

Ortega asegura que “IU será un martillo pilón” para que la Junta cumpla con la retirada de la simbología franquista una vez concluido el plazo que tienen los ayuntamientos

IU ha anunciado en la mañana de hoy que solicitará a la mesa del Congreso de los Diputados que levante el secreto de los 675 folios que componen la comisión de encuesta referente al asesinato de Manuel José García Caparrós. La diputada de IU en el Congreso Eva García Sempere, que ha llevado a cabo una investigación sobre dicho asunto y que ha sido vetada por el PSOE para exponer esta información el Parlamento, ha asegurado que “las alegaciones de la mesa a no abrir estos documentos públicamente no se sostienen”.

Según Sempere, estos documentos son “informes del gobernados civil, de hospitales que recibieron a los heridos, informes de organismos públicos y oficiales firmados por responsables políticos”, por lo que “no cabe anonimizarlos”. En cuanto a las declaraciones tomadas a testigos, la diputada de IU en el Congreso ha recordado que podrían ser públicas del mismo modo al que ella está teniendo acceso a las mismas, “sin conocer el nombre de las personas que testificaron pero sí el contenido”.

Sempere ha indicado que después de la “innecesaria” aprobación del PSOE de una proposición no de ley que perseguía que el Gobierno andaluz tuviera acceso a estas actas, el PSOE “tiene una excelente oportunidad” para apoyar una propuesta que pretende que “no sólo el Gobierno andaluz, si no toda la ciudadanía, andaluza y estatal, pueda conocer” estos documentos.

En este sentido, el portavoz de la Dirección Colegiada de IU Andalucía, Pedro J. Ortega, ha declarado que “IU está haciendo un trabajo sereno y sin estridencias” y el PSOE “tiene una ocasión fantástica para que sus diputados cambien de actitud” y dejen de poner impedimentos a la búsqueda de la verdad sobre el asesinato de Caparrós.

 

El presupuesto de la Junta para la Ley de Memoria Histórica, “alarmante”

Ortega ha asegurado que “IU será un martillo pilón para que la Junta de Andalucía actúe de oficio” una vez concluya el plazo con que cuentan los ayuntamientos para retirar “toda la simbología fascista”. Según el portavoz de la Dirección Colegiada de IU Andalucía el de Cádiz, que cambiará el nombre de la avenida Ramón de Carranza -una figura relacionada con el golpe militar franquista-, por el de avenida 4 de diciembre, es “un ejemplo que debe cundir”.

En este sentido, Ortega ha hecho “un llamamiento a los alcaldes del PP para pedirles su compromiso con la ley de Memoria Democrática” y les ha exigido que “aclaren cuál es su postura” a este respecto, después de que la ex alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, haya confirmado su voto en contra al cambio de nombre de la avenida anteriormente mencionada. 

Además, Ortega ha recriminado las cifras “alarmantes” que la Junta de Andalucía dedica a la Ley de Memoria Histórica, lo que considera “un modo de ahogar la ley”.

 Sempere invita al PSOE a secundar la petición “para que toda la ciudadanía, andaluza y estatal” pueda conocer los documentos

Ortega asegura que “IU será un martillo pilón” para que la Junta cumpla con la retirada de la simbología franquista una vez concluido el plazo que tienen los ayuntamientos

IU ha anunciado en la mañana de hoy que solicitará a la mesa del Congreso de los Diputados que levante el secreto de los 675 folios que componen la comisión de encuesta referente al asesinato de Manuel José García Caparrós. La diputada de IU en el Congreso Eva García Sempere, que ha llevado a cabo una investigación sobre dicho asunto y que ha sido vetada por el PSOE para exponer esta información el Parlamento, ha asegurado que “las alegaciones de la mesa a no abrir estos documentos públicamente no se sostienen”.

Según Sempere, estos documentos son “informes del gobernados civil, de hospitales que recibieron a los heridos, informes de organismos públicos y oficiales firmados por responsables políticos”, por lo que “no cabe anonimizarlos”. En cuanto a las declaraciones tomadas a testigos, la diputada de IU en el Congreso ha recordado que podrían ser públicas del mismo modo al que ella está teniendo acceso a las mismas, “sin conocer el nombre de las personas que testificaron pero sí el contenido”.

Sempere ha indicado que después de la “innecesaria” aprobación del PSOE de una proposición no de ley que perseguía que el Gobierno andaluz tuviera acceso a estas actas, el PSOE “tiene una excelente oportunidad” para apoyar una propuesta que pretende que “no sólo el Gobierno andaluz, si no toda la ciudadanía, andaluza y estatal, pueda conocer” estos documentos.

En este sentido, el portavoz de la Dirección Colegiada de IU Andalucía, Pedro J. Ortega, ha declarado que “IU está haciendo un trabajo sereno y sin estridencias” y el PSOE “tiene una ocasión fantástica para que sus diputados cambien de actitud” y dejen de poner impedimentos a la búsqueda de la verdad sobre el asesinato de Caparrós.

 

El presupuesto de la Junta para la Ley de Memoria Histórica, “alarmante”

Ortega ha asegurado que “IU será un martillo pilón para que la Junta de Andalucía actúe de oficio” una vez concluya el plazo con que cuentan los ayuntamientos para retirar “toda la simbología fascista”. Según el portavoz de la Dirección Colegiada de IU Andalucía el de Cádiz, que cambiará el nombre de la avenida Ramón de Carranza -una figura relacionada con el golpe militar franquista-, por el de avenida 4 de diciembre, es “un ejemplo que debe cundir”.

En este sentido, Ortega ha hecho “un llamamiento a los alcaldes del PP para pedirles su compromiso con la ley de Memoria Democrática” y les ha exigido que “aclaren cuál es su postura” a este respecto, después de que la ex alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, haya confirmado su voto en contra al cambio de nombre de la avenida anteriormente mencionada. 

Además, Ortega ha recriminado las cifras “alarmantes” que la Junta de Andalucía dedica a la Ley de Memoria Histórica, lo que considera “un modo de ahogar la ley”.