Izquierda Unida ante los presupuestos andaluces: “Son las cuentas para la resistencia y la defensa de lo público”

Ignacio García: “Son unos presupuestos que se opone a las políticas del Gobierno del PP y que confrontan con la Troika, útiles para luchar contra la pobreza, por los servicios públicos y por el empleo”

El contexto condiciona unos presupuestos que, para IU, acompañan a “la movilización social del pueblo andaluz, principal arma de contra el modelo económico imperante”.  

En Andalucía se apuesta por unos presupuestos de “resistencia y pequeños avances frente a unos recortes del PP que son ideológicos y que responden a un cambio de modelo ultraliberal”. Así se ha referido Ignacio García, en una primera valoración y en nombre del grupo parlamentario de Izquierda Unida, cuando el proyecto de Ley de Presupuestos para la Junta de Andalucía ha llegado a sede parlamentaria.

“Son unos presupuestos donde se nota la marca Izquierda Unida” porque son unos presupuestos orientados hacia el empleo, especialmente de aquellos que “más dificultades tienen para encontrarlo” y “se opone a las políticas de privatización y desmantelamiento de la educación pública, de la sanidad pública y de la dependencia.” Para Izquierda Unida, se hace “imprescindible” salvaguardar los servicios públicos manteniendo el peso de estas políticas.

Según IU se trata de un “presupuesto solidario” que aboga por “ayudar a los que peor lo están pasando en estos momentos”. Para esto, IU ha defendido el Plan de Acción Social (60 millones de euros), el Salario Social (70 millones de euros) y la Red de Solidaridad Alimentaria (20 millones de euros) como política “de choque” contra la pobreza que “asola a tantas familias andaluzas”.

Además, el presupuesto incrementa lo destinado a becas en un 6 por ciento y orienta toda la inversión pública a la creación de empleo: el Plan de Rehabilitación de viviendas, la construcción de nuevas infraestructuras para la sostenibilidad, las subvenciones especiales a Corporaciones Locales, el Plan de mantenimiento y conservación de carreteras, el Plan de Fomento del Empleo Agrario y la inversión en obra pública tienen este objetivo.

Para IU, se valora de forma muy positiva que estos presupuestos permitan elaborar políticas propias de la izquierda andaluza que confrontan con el sistema. Se contempla, por tanto, presupuesto específico para Memoria Democrática de Andalucía, lo que supondría ser la única comunidad autónoma que lo desarrolla, el incremento de la partida de lucha contra la violencia de género y el mantenimiento del compromiso con la Solidaridad Internacional.

También, para IU, cobra importancia que estos presupuestos permitan la legislación específica contra los desahucios, contra el fraude y por la fiscalidad y por lo que antes de fin de año, el Gobierno iniciará proyectos legislativos enfocados a la incorporación de más ingresos mediante la creación de nuevas figuras impositivas con una Ley de fiscalidad progresiva y lucha contra el fraude. Dicha ley contemplará impuestos especiales a grandes superficies comerciales - para financiar al pequeño y mediano comercio, - al aprovechamiento cinegético, a las tierras infrautilizadas y viviendas vacías. Con el Plan de Lucha contra el fraude se espera obtener 240 millones de euros al año, un 10% más que en el ejercicio anterior. A esto hay que sumar la política ya iniciada por el Gobierno andaluz de suprimir cargos directivos de la empresa pública que “son prescindibles”.

Otras de las grandes demandas de IU, la Ley de Transparencia, también está prevista que tome forma antes de fin de año, y con ella se pretende facilitar el acceso y control, por parte de la ciudadanía, de todas las actuaciones de la Junta de Andalucía, “dando respuesta a la demanda social de mayor cercanía con la administración”.

Otra novedad que incorpora la agenda es la puesta en marcha del Banco Público de Tierras, iniciativa que consiste en poner a disposición de los trabajadores y trabajadoras agrícolas las tierras públicas actualmente sin uso.

Ya a principios de 2013, IU tiene previsto poner en marcha la Ley de Participación Ciudadana, que persigue la intervención efectiva de la ciudadanía en el Gobierno de la Junta y en el Parlamento para avanzar hacia una democracia real y la Ley de Memoria Democrática de Andalucía.  

Desde el Parlamento andaluz también se impulsará una Comisión que “determine las partidas que se consideren intocables y que delimite cuales son los programas que, llegado el momento, pudieran ser secundarios”.