Maíllo defiende que las medidas impulsadas por IU en la Junta son “por justicia social, no por caridad”

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo considera ha destacado que las medidas impulsadas por IU en la Junta de Andalucía, como la compensación del alquiler con trabajos sociales o el decreto para garantizar los suministros vitales mínimos, como el agua y la luz, "para aquellas familias que tienen el ingreso mínimo de solidaridad, unas 54.000 en toda Andalucía", no son por "caridad", sino por "justicia social".

Así lo ha subrayado durante la celebración de una rueda de prensa en Córdoba, arropado por el coordinador provincial de IU, Pedro García, y el senador por Andalucía de Izquierda Unida y secretario general del PCA, José Manuel Mariscal, al tiempo que ha explicado que "ante situaciones extraordinarias están más que justificada las medidas de carácter extraordinario" y con “carácter inmediato”. En este sentido Maíllo ha explicado que existe un grupo de trabajo del Parlamento andaluz para elaborar una propuesta de renta básica pero que “hay familias que no pueden esperar”.

Ante la situación actual, en su opinión, "en la medida de lo posible desde Andalucía tenemos que afrontar actuaciones en favor de la mayoría social".   Al respecto, y coincidiendo con los dos años del Gobierno de Mariano Rajoy, censura que "nunca se ha hecho tanto en contra de los intereses de tanta gente", ni "nunca se han hecho tantas reformas contra los intereses de tanta gente", aludiendo a la reforma laboral, con el ejemplo de los trabajadores de Panrico, que están "indefensos ante el marco normativo", o la reforma de la administración local, educativa o de las pensiones.

Maíllo considera que hay una "pérdida de derechos masiva de la mayoría social", y frente a esto subraya que "es el tiempo de las medidas de justicia social", como las ya citadas, recordando que "hay un 30 por ciento de la población andaluza que está por bajo del umbral de la pobreza"

Durante el día, Maíllo y García visitarán la comarca de Los Pedroches para celebrar reuniones con cooperativas agroganaderas, entre otros colectivos, para "escuchar" sobre "los procesos de distribución y trabajo que desarrollan", con el fin de estudiar medidas que "favorezcan al sector cooperativista de economía social", del que considera que debe ser "reforzado" con medidas de la Junta que "blinden la posible caída de consumo interno".