Primera expropiación para garantizar el derecho a la vivenda.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la expropiación de una vivienda de Huelva para evitar el desahucio de la familia que vive en ella y que no puede pagar la hipoteca por las consecuencias de la crisis. Es la primera vez que esto sucede. Se expropia el uso de la vivienda a A Y T Hipotecario Misto II, un Fondo de Titulación de Activos con domicilio en Paseo de la Castellana, famosa avenida madrileña en que tienen su sede los principales responsables de la burbuja inmobiliaria.

Los beneficiarios de la expropiación son María del Carmen, su marido, Manuel Luis, y sus dos hijos adolescentes, residentes en Huelva capital, que podrán seguir en la vivienda durante tres años gracias a la expropiación. Su desahucio estaba previsto para el 14 de mayo, pero la intervención de la Junta los mantiene en su vivienda a pesar de que por una situación de empobrecimiento sobrevenido a causa de la crisis no pueden pagar la hipoteca. La culminación del expediente de expropiación les asegura un techo bajo el que vivir en alquiler social. La Consejería de Fomento y Vivienda hace justicia, no caridad. La familia pagará lo que pueda (el 25% de sus ingresos familiares, y nunca más de 130 euros al mes).

Con la presencia de IU en la Junta de Andalucía se ha conseguido que una institución del estado se sitúe claramente del lado de la clase trabajadora en el conflicto de la vivienda: en vez de poner a la policia al servicio de los bancos e inmobiliarias para echar a la gente de su casa, expropia a estos bancos e inmobiliarias para evitar que la gente trabajadora pierda su casa. Los desahucios son actos de violencia del capital contra la clase trabajadora y los sectores populares, especialmente contra las mujeres. Es un conflicto de clase y de género en el que IU se posiciona claramente.

Este es el primer expediente que termina en expropiación. En la actualidad la Consejería de Fomento ha reactivado otros 17 expedientes ya iniciados y va a comenzar a tramitar otras 600 solicitudes presentadas tras la aprobación del decreto y que quedaron paralizadas por el recurso del PP al Tribunal Constitucional.