Hoy en el Ayuntamiento de Alcalá la Real, hemos registrado las 1268 firmas, para apoyar a las familias afectadas de la vivienda tutelada.

Hoy en el Ayuntamiento de Alcalá la Real, hemos registrado las 1268 firmas, para apoyar a las familias afectadas de la vivienda tutelada.

En primer lugar, dar las gracias a las 1268 personas que han firmado para evitar el cierre de la vivienda tutelada.  Nos hemos organizado en esta campaña de recogida de firmas, para reclamar una solución, que no suponga el traslado de las usuarias lejos de su entorno familiar y de amistades.

El cierre anununciado ha sido consumado: El pasado mes de octubre, se ponía fin por parte de la Junta de Andalucía- Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación-, a la vivienda tutelada para personas con discapacidad, sito en Alcalá la Real (Jaén). Son hijas de varias familias de Alcalá la Real, La Pedriza y Frailes.

Este servicio público como tantos otros, es entregado a "empresas" privadas (les llaman externalización), en este caso a "Egisse", que se encuentra en concurso de acreedores desde 2018.

Bien, se llega a esta situación por la falta de control o por mirar para otro lado- ser connivente- con dicha "empresa": la luz de la vivienda enganchada a la comunidad, teléfono dado de baja por impago, colchones desgastados y sucios, comida bajo llave, trabajadoras sin cobrar durante muchos meses. La inspección sin actuar con todas sus consecuencias, obliga a la Consejería competente de la Junta de Andalucía a suspender el contrato, pero sin que se depuren las responsabilidades de este desastre, que finalmente ha causado un daño irreparable a las familias de la vivienda tutelada. Y, sobre todo, sin buscar una solución alternativa y adecuada a las usuarias del servicio.

El traslado de éstas a localidades muy alejadas de sus familias supone un grave obstáculo para la comunicación entre las familias y las usuarias, que causan perjuicio grave para unas y otras.

En un comunicado hecho público por las familias afectadas se reivindica «una solución para nuestras hijas, que no se vean obligadas a perder sus lazos familiares y al desarraigo en otros lugares alejados, con las dificultades de adaptación que pueda conllevar para ellas». Y señalan a continuación que: «La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Políticas sociales y el Ayuntamiento de Alcalá la Real, deben buscar soluciones óptimas, donde se garantice el cumplimiento de principios básicos de la Ley de Dependencia, como la permanencia de las personas en el entorno que desarrollan su vida, la calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios de atención y la cooperación entre administraciones implicadas».

Al cierre de la vivienda tutelada se ha llegado a pesar de haber tenido varias reuniones con la concejalía de asuntos sociales del municipio, para conseguir un alquiler de una nueva vivienda, para evitar que fueran desterradas de su entorno familiar y de sus amistades, después de doce años de convivencia en este centro. La respuesta burocrática ha sido: «no tenemos competencia, la competencia es de la Junta». Un drama que afecta a personas con discapacidad, que han sido alejadas de sus familias, es un problema de "competencias". Mientras la Junta de Andalucía calla y no da respuesta a las demandas de estas familias.

Por su parte, las familias afectadas dirigieron un escrito al Defensor del Pueblo, al delegado del ramo en Jaén, a la consejera de la Junta y a la fiscalía en Jaén denunciando la situación que le ha sido creada con el cierre de la vivienda tutelada. En los escritos se hace constar que el artículo 10 del Decreto 388/2010 de 19 de octubre, por el que se regula el régimen de acceso y traslado de personas en situación de dependencia a plazas de centros residenciales y centros de día y de noche, se establece los motivos o causas para un traslado de usuarios a otra vivienda y en concreto señalan entre otras, la mayor proximidad geográfica del centro al lugar de residencia de la persona usuaria o del entorno familiar o de convivencia de aquella o la existencia de un centro más idóneo para la persona usuaria. El traslado no lo es, por tanto, para acercar a las usuarias a su entorno familiar habitual, sino para todo lo contrario, alejarlas a muchos kilómetros del lugar de residencia de sus familiares.  Las afectadas se encuentran a la espera de una solución adecuada y legal a la problemática creada con el cierre de la vivienda tutelada.

 

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