IU exige que se declare el autotaxi como un “servicio de interés general” frente a los VTC

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La formación ha elevado un conjunto de propuestas a los ayuntamientos para proteger al sector del taxi en la provincia, “un servicio público esencial que es ignorado por el Gobierno andaluz”.

La diputada provincial y coordinadora de IU Granada, Mari Carmen Pérez, ha anunciado el registro de mociones en los ayuntamientos para conseguir aprobar ordenanzas municipales que regulen las autorizaciones a VTC, siguiendo el marco de la normativa autonómica.

Desde la formación han insistido que la liberalización del sector del taxi ha acarreado “la competencia desleal de muchas plataformas usurpando la profesión de taxista y la forma de vida de muchas familias”. Así, según han lamentado “ha provocado conflictos por sus prácticas abusivas que perjudican a toda la ciudadanía”, ya que el derecho a la movilidad de vecinas y vecinos “queda supeditado a las decisiones en los consejos de administración de estas grandes empresas en base a sus ganancias”.

La diputada provincial ha afeado al Ejecutivo andaluz su “actitud pasiva”, ya que desde 2019 las asociaciones de taxi han exigido la regulación de la actividad de los VTC en la comunidad. “La falta de regulación autonómica genera un vacío normativo que ha permitido el intrusismo en la actividad del taxi”.

Con todo ello, desde la formación han defendido las medidas que las administraciones deben impulsar, como “las necesidades de transporte con un máximo de una VTC por cada 30 taxis”. Además, Pérez ha explicado que “hay que establecer horarios obligatorios, días hábiles o descansos”.

La moción contempla la puesta en marcha de la normativa vigente que define los criterios de precontratación de los servicios, con un intervalo de tiempo mínimo de 15 minutos, o el cumplimiento de la correspondiente hoja de ruta electrónica. Del mismo modo, la diputada provincial ha recordado que los vehículos no podrán circular en vacío, “los adscritos a las autorizaciones no podrán circular por las vías públicos en busca de usuarios o captarlos sin que se haya contratado previamente el servicio”.

Pérez ha tildado de “prioritario” establecer un régimen jurídico que asegure la efectiva utilización de las autorizaciones para evitar la especulación. “Las autorizaciones deberán contar en todo momento con un vehículo adscrito y las que ostenten personas físicas sólo podrán ser transmitidas en caso de fallecimiento, jubilación o incapacidad del titular”.

Del mismo modo, la coordinadora de izquierdas, ha matizado que la no acreditación de un número mínimo de servicios efectivos mensuales “será causa de revocación de la licencia”.

Para seguir con un marco legislativo común, IU ha recogido que los vehículos adscritos a la autorización VTC andaluza “deberán reunir las mismas características técnicas como el color, motor o longitud exterior mínima”.

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