Izquierda Unida Alcalá la Real, registra en Fiscalía (Jaén), un escrito, de las familas afectadas por el cierre de la vivienda tutelada.

Izquierda  Unida Alcalá la Real, registra en Fiscalía (Jaén), un escrito, de las familas afectadas por el cierre de la vivienda tutelada.

 Pincha este enlace:   REGISTRO DE ENTRADA EN FISCALÍA DE JAÉN, DEL ESCRITO DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL CIERRE DE LA VIVIENDA TUTELADA .      

"En Alcalá la Real, a 21 de septiembre de 2020

Por el presente escrito, los abajo firmantes (Francisco Zamora García, DNI 24167297R; Antonio Cano Gómez, DNI 75007058X; María Josefa Navero Moya, DNI 24154908D; Mercedes Rosales Palomino, DNI 75012969X), como representantes legales, respectivamente de María del Pilar Zamora Pérez, Rocío Cano Navero y Elisa Cano Navero, siendo estas últimas personas tuteladas por la administración pública, en virtud de resoluciones administrativas y judiciales que oportunamente pueden presentarse y alegarse en los futuros procedimientos pertinentes, queremos PONER EN CONOCIMIENTO de la Fiscalía los siguientes HECHOS, que consideramos pueden tener algún contenido susceptible de calificación penal o sancionadora-administrativa, por ser tremendamente lesivos para la salud física y emocional de nuestras hijas:

Con fecha de 27 de julio de 2020, recibimos notificación del Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Traslado de nuestras hijas, desde la vivienda  tutelada para personas discapacitadas “Egisse” y Centro ocupacional “Los Amigos”, situada en la calle Guardia Ávila García, 14, planta 3, puerta B,  en el que viven en Alcalá la Real, hacia diferentes puntos de la provincia de Jaén, y en todo caso, a muchos kilómetros de su hasta ahora residencia habitual, y por ende, a muchos kilómetros de sus familias, de sus amistades, de sus relaciones afectivas, de sus relaciones sociales, de su vida en definitiva.

Dicho documento, amén de una arboleda de disposiciones legales alegadas (que parecen vociferarnos: "Desistid, desistid, esto es demasiado para vosotros"), consigna un escueto motivo para el traslado: "Existencia de un centro más idóneo para la persona dependiente". Y nada más. En nuestro desconocimiento del lenguaje formal del derecho y de su contenido, pues somos personas legas en Derecho, pero no en sentimientos, dolor o sufrimiento, esas palabras suenan a "Esto es lo que hay". Nadie nos ha citado previamente (ni posteriormente) para hablar del asunto, ni nos han explicado el contenido de la citada aseveración. Hemos tenido, eso sí, conocimiento externo de problemas del piso tutelado, de índole laboral de las personas trabajadoras implicadas en nuestro caso (falta de pago, condiciones laborales...), cuestiones que a todas luces exceden de nuestra responsabilidad, de nuestras competencias y, si se nos permite, de nuestro interés. No nos interesan los entresijos, subterfugios o problemas de ese tipo, pues solo nos interesan nuestras hijas y su bienestar y salud vital. Lo demás es contextual, pero no es el núcleo del asunto. Si nuestras hijas tienen unas circunstancias determinadas que las convierten en susceptibles y necesitadas de tutela por parte del poder público, éste debe ayudarlas, y no separarlas de sus vidas y sus raíces. Alegar esos otros motivos para fundamentar la decisión equivaldría, a nuestro entender, a que sean nuestras hijas las que paguen los platos rotos por un problema del que no forman parte, pero del que van a sufrir las consecuencias. Castigadas por descarte, castigadas por ignorantes.

Nuestra intuición pre-jurídica nos lleva a pensar, que cualquier acto jurídico-administrativo documentado, como es nuestro caso, debe estar suficientemente MOTIVADO. Entendemos, quizás vulgarmente, que la motivación tiene que ver con la explicación de las causas, que llevan a un determinado efecto o resultado. Más aún, sentimos que la motivación, en casos como el nuestro, tiene un único y necesario carácter subjetivo, es decir, referido a los sujetos, que son personas únicas e irrepetibles, atravesadas por y solo por sus circunstancias vitales múltiples. Por eso, la explicación documental "Existencia de un centro más idóneo para la persona dependiente" nos duele y nos abandona a partes iguales. Nos duele porque nos iguala a todas: da por sentado que las  mujeres dependientes tienen exactamente la misma problemática, lo cual no solo es incierto, sino que es imposible. Nos abandona, además, porque no nos explica por qué ese "otro centro más idóneo" lo es efectivamente: ¿qué tienen esos otros centros, que los convierten en especial y personalmente "más idóneos" para cada una de nuestras hijas? Consideramos que la idoneidad es un concepto subjetivo, es decir, es idóneo un centro porque sus características se adaptan a las necesidades y perfiles de las personas dependientes, de una forma cualitativa más directa y apropiada que otros. Pero no sabemos por qué eso es así, pues la resolución no lo explica, sino que solo nos dice que hagamos las maletas. Llama la atención, que el tenor literal de las resoluciones recibidas, sea milimétricamente el mismo. Un tufo a corta-pega que nos iguala a todas, cuando somos diferentes.

Al hilo de la anterior argumentación, nos asalta igualmente la duda, de por qué hasta ahora, el anterior centro en el que viven nuestras hijas (vivienda tutelada) ha sido considerado idóneo y por qué ahora no lo es, y precisamente en el mismo momento para mujeres diferentes. Demasiada casualidad, para no caer en la tentación de la desconfianza, y el recelo hacia la decisión administrativa. Teniendo en cuenta, además, que el primer motivo para un traslado de esta naturaleza es, la "aproximación geográfica" a un centro que esté cerca de las familias de las personas dependientes, cabe preguntarse por qué (si nuestro actual piso tutelado no es idóneo), no se promueven las medidas y desembolsos públicos necesarios para enmendar las posibles carencias del actual centro de tutela. Solo tras ello, y de no ser posible, deberíamos acudir al segundo motivo de traslado (traslado a un centro más idóneo, independientemente de su proximidad o lejanía de las familias). Más motivos para alimentar nuestro sentimiento de desamparo y desconfianza.

El último párrafo de la resolución, ahonda más aún en el engaño, en la intimidación y en el insulto: nos dicen que no cabe recurso alguno, ocultando capciosamente el derecho a acudir a un Tribunal de Justicia, pues efectivamente, es posible que la resolución administrativa sea irrecurrible en esa vía, pero no en otras instancias. Una zancadilla final que da alas a nuestra idea de que la ley es un cepo para los pobres.

Por supuesto, no nos atrevemos a calificar o tipificar los hechos descritos en ningún tipo delictivo. Esa tarea no nos corresponde. Solo ponemos en conocimiento de Fiscalía nuestra situación, para que Fiscalía promueva la acción de la justicia en defensa de personas necesitadas y en defensa de los derechos fundamentales. Nuestro sentimiento es de dolor y coacción violenta e intimidatoria por una resolución administrativa que no entendemos y de la que, vista la nula empatía ni voluntad de diálogo por parte de los agentes públicos, autonómicos y municipales, debemos desconfiar. Si efectivamente, esa falta de motivación se confirmase en la instancia competente, el acto sería NULO de pleno derecho, por conculcar el deber de motivación en las resoluciones legales, una de las formas más lacerantes de la indefensión. 

Dicho todo lo anterior, SUPLICAMOS a la Fiscalía que tenga por presentado este escrito y ponga en funcionamiento, los procedimientos informativos y procesales que considere oportunos, para esclarecer y depurar las responsabilidades que pudieran concurrir en los hechos descritos. Nos tienen a su disposición para toda aclaración o ayuda ulteriores que precisen, como siempre hemos estado para los poderes autonómicos y municipales que ahora nos han abandonado, herido e insultado.


 

Atentamente,


 

Francisco Zamora García, con DNI 24167297R

 

 

 

Antonio Cano Gómez, con DNI 75007058X

 

 

 

María Josefa Navero Moya, con DNI 24154908D

 

 

 

Mercedes Rosales Palomino, con DNI 75012969X"

 

 

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