La dirección local de la formación de Izquierdas adoptó la decisión el pasado marte de manera colegiada al entender que, como organización política con representación en los Ayuntamientos de Jerez y Torrecera, está en la obligación de poner en conocimiento de Fiscalía los presuntos delitos que, a su juicio, se podrían haber cometido.

Raúl Ruiz-Berdejo (Portavoz Municipal IU): “No estamos dispuestos a mirar hacia otro lado mientras el Ayuntamiento de Jerez y Aqualia pastelean para darle un servicio público a la multinacional obviando cualquier procedimiento”.

Izquierda Unida ha presentado denuncia en la Fiscalía de Área de Jerez contra los miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, el Alcalde y los Vocales socialistas de la Entidad Local Autónoma de Torrecera y Aqualia, por la presunta comisión, entre otros, de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, fraude en la contratación pública y negociaciones prohibidas.

Todos estos presuntos delitos estarían vinculados al acuerdo adoptado por los socialistas en Junta de Gobierno Local el pasado 21 de enero, por el cual entregaban la prestación del servicio de agua en baja y alcantarillado de la ELA a la multinacional Aqualia sin que existiese ningún procedimiento de licitación que la habilitase para ello.

Y si bien la formación de izquierdas ya anunció públicamente su ruptura de relaciones con el Gobierno Local del PSOE por la adopción de un acuerdo que, no sólo usurpaba las competencias del Pleno, que ya lo había denegado con anterioridad, sino que además tenía serios visos de ilegalidad, ante la negativa de Mamen Sánchez a rectificar, ha dado un paso más.

Según el Portavoz de IU en el consistorio jerezano, Raúl Ruiz-Berdejo, ya su formación advirtió en su momento que no estaba dispuesta a mirar hacia otro lado mientras Aqualia y el Ayto. de Jerez pasteleaban para cederle un servicio público a la multinacional privada obviando cualquier tipo de procedimiento, de forma tramposa y torticera.  Así, una vez analizado el informe jurídico solicitado por su organización, tanto el concejal como la dirección local de IU aprecian que, presuntamente, se han podido cometer diferentes delitos, motivo por el cual tanto Ruiz-Berdejo, en su condición de cargo público, como la propia organización política entienden que están obligados a poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía, tal y como se recoge en los arts. 259 y 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

“No sólo es que estemos ante la comisión de presuntos delitos para favorecer a la multinacional a costa de los bolsillos de los vecinos y vecinas de Torrecera, sino que de confirmarse, se habrían perpetrado de forma absoluta consciente, buscando atajos para sortear las leyes y los procedimientos”, ha manifestado el concejal.