La diputada provincial de IU, Carmen Álvarez, lamenta el debilitamiento progresivo de los servicios del SAS, agudizados por el aumento de conciertos con hospitales privados.

La diputada provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Carmen Álvarez, defenderá el próximo miércoles una moción en el Pleno de la Diputación de Cádiz con una batería de medidas encaminadas a instar a la Junta de Andalucía a reforzar la sanidad pública y a fiscalizar, al menos, la manera en que se prestan los servicios concertados con hospitales privados de la provincia y del resto de Andalucía.

Entre las medidas planteadas en la moción que defenderá la diputada de IU, se solicita al Gobierno andaluz que garantice la continuidad de los 12.000 trabajadoras y trabajadores del SAS en toda Andalucía que terminan su contrato en este mes, “imprescindibles para cubrir necesidades estructurales del sistema, ofreciéndoles contratos de un año, tiempo en el que ha de impulsarse la cobertura estable y definitiva de este volumen de empleo”. Asimismo, en esta defensa del sistema público sanitario, IU solicita que se establezcan incentivos profesionales retributivos para el personal médico que trabaja en exclusiva para el SAS, “a la vista del aumento de captación de personal médicos por parte de las empresas privadas desde que el Partido Popular decidiera suprimir el complemento que percibían por la dedicación exclusiva”; así como “un Plan de Fidelización y Retorno de profesionales sanitarios, que establezca una cuantificación actualizada de profesionales andaluces que trabajan en el sector privado andaluz, en otras comunidades o en el extranjero, susceptibles de las medidas de retorno o fidelización, y que atienda las posibilidades de desarrollo profesional, la conciliación y las condiciones retributivas y laborales que promuevan la estabilidad de los equipos”.

La proposición de IU pide al Gobierno andaluz, además, que redefina la planificación establecida a fin de “optimizarla y que garantice la plena utilización del personal y los equipamientos del sistema público, destinando las derivaciones ya firmadas e ineludibles a la función subsidiaria de cobertura de déficit coyunturales, así como la reducción de las listas de espera y los tiempos de demora estimados”.

Respecto a los servicios concertados, IU reclama al Gobierno andaluz el “refuerzo de la inspección y fiscalización de los actos clínicos derivados, asegurando que participa el personal competente y en la cuantía estandarizada para la sanidad pública para garantizar la calidad asistencial y la seguridad de los y las pacientes”. Asimismo, la moción alerta sobre las dificultades del personal sanitario para completar la formación requerida y apunta que, “el Gobierno andaluz achaca la falta de médicos y médicas a la falta de plazas MIR, mientras simultáneamente no mantiene en los hospitales públicos que los forman el volumen adecuado de actos clínicos para que se conviertan en especialistas”, por lo que propone que “en la estrategia de reducción de las derivaciones concertadas con la sanidad privada, se priorice la de aquellos procesos necesarios para completar y acreditar la formación del personal interno residente”.

En la exposición de motivos, la diputada de IU recalca que, para el sistema sanitario público, la pandemia fue “un proceso clarificador y agravante de las fallas del sistema y del desorden preexistente en su gestión” y apunta que, “con pandemia o sin ella, la edad media del personal médico era elevada, el acceso a la atención sanitaria en las zonas rurales era inequitativa, los incentivos profesionales para fidelizar a los trabajadores y trabajadoras al sistema público brillaban por su ausencia, y la precariedad, la temporalidad y la sobrecarga de trabajo eran una tónica generalizada”. Lejos de contribuir a la mejora del sistema sanitario público y a su fortalecimiento, Álvarez afirma que “el Gobierno andaluz ha ido adoptando decisiones que han agudizado las debilidades del sistema público, sobre todo en cuanto al personal se refiere, y el incremento desmesurado de derivaciones a la sanidad privada es una de ellas, y los perjuicios son evidentes en varios sentidos”.

Ofrece la diputada datos como la tasa de temporalidad del personal sanitario, por encima del 45%, y “la previsión para el año 2023 sólo la rebaja un punto porcentual”. Por otro lado, hace referencia a datos aportados por el Colegio Andaluz de Enfermería, que “el mes pasado volvía a reiterar que más de mil enfermeras se marchan cada año, concretamente 1.185 desde julio del pasado al de este. En el mismo sentido se pronuncia el Consejo Andaluz del Colegio de Médicos, que cerró 2021 con 254 solicitudes”.