El diputado provincial, Ramón Galán, llevará esta propuesta a la Diputación de Cádiz con el objetivo de que se revierta a las entidades locales lo recaudado por la aplicación de la Ley estatal de Economía Circular, así como para que se preste asistencia económica a los municipios por los cambios en la recogida selectiva de residuos y se ofrezca asesoramiento para hacer frente a las nuevas tasas de residuos municipales

Izquierda Unida llevará al Pleno de la Diputación de Cádiz del mes de marzo una proposición en la que solicita a la Junta de Andalucía ayuda económica a los ayuntamientos para poder hacer frente a la aplicación de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, teniendo en cuenta, según la formación política, que “la mayoría de las inversiones para el cumplimiento de la Ley recae en los ayuntamientos”.

De esta manera, la moción registrada por el diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, reclama a la Junta de Andalucía que traslade a las entidades locales de la Comunidad las cantidades recaudadas por el `Impuesto del depósito de residuos en vertederos, la incineración y la concienciación de residuos´ que se deriva de la aplicación de la Ley estatal, y “que dicho ingreso tenga un carácter finalista, destinado a planes, medidas e inversiones encaminadas a la mejora de la gestión de residuos, su prevención, separación y reutilización”.

Considera el diputado que “los ayuntamientos deberán hacer frente a numerosas inversiones para dar cumplimiento a la ley y, por tanto, éstos deberían ser perceptores de las mayorías de las cantidades recaudadas por la comunidad autónoma por este impuesto -que será recaudado por los propios municipios y derivado a la comunidad-, y deberían tener un carácter finalista, para cumplir con las mejoras y aplicaciones necesarias en la gestión de residuos”.

De igual forma, la proposición insta a la Junta a “crear una línea de ayudas que, desde los Fondos Next Generation, atiendan las necesidades de los ayuntamientos para la puesta en marcha de nuevos modelos de recogida selectiva de residuos, priorizando en aquellos que por su tamaño o debilidad económica tengan mayores dificultades para ello”. Finalmente, se insta a la FAMP y a la Junta a coordinarse para prestar “un servicio de apoyo y asesoramiento sobre las tasas de residuos municipales, y su cálculo correcto, a los ayuntamientos de la comunidad”.

Considera Galán que es imprescindible que los municipios obtengan los recursos necesarios para hacer frente a la aplicación de la nueva normativa, y apunta que “los recursos están ahí, está en las cantidades que los ayuntamientos van a ingresar por la nueva Ley de Tratamiento, que vuelvan a repercutirles para poder llevar a cabo estas inversiones”. En este sentido, afirma que “es importante que la propia Diputación de Cádiz, donde están representados todos los pueblos de la provincia de Cádiz, inste a la Junta de Andalucía a poner en marcha esta medida”.

La iniciativa recoge algunas de las medidas que deberán poner en marcha los ayuntamientos para dar cumplimiento a la ley, tales como: reducción del peso de residuos generados; reciclado, reutilización y valorización de residuos; reducción de depósitos en vertederos de residuos municipales, recogida separada, aprobación de programa de gestión de residuos, elaboración y aprobación de nuevas ordenanzas, adaptación de contratos públicos, establecimiento de tasa municipal, obligación de información, etc.